Muchas, demasiadas para no ser intencionadas. Las incongruencias de los que se manifestaron el pasado sábado “por la vida, contra el aborto” y de los que incitaron, apoyaron o financiaron la marcha referida son tantas que sólo pueden obedecer a una de estas dos razones: o no defienden lo que dicen defender o atacan lo que dicen no atacar.
Me explico.
Las mujeres llevan abortando, de forma natural o voluntaria, desde que son mujeres. La diferencia entre lo que ocurría en España, pongamos por ejemplo, hace cincuenta años y ahora, es una: el número de las que, sin medios económicos, dejaban su vida en dicho trance y el paseo con sordina por el extranjero que hacían aquellas con posibles. Hoy en día el nivel de protección de la salud de las mujeres que interrumpen su embarazo es similar con independencia de su capital. Tanto la Ley actual como la reforma que se pretende tienen por tanto una virtud frente a la anterior regulación: crean un marco jurídico que hace desaparecer las diferencias existentes hasta entonces. Utilizar en consecuencia la “dignidad de la mujer” como argumento contra el aborto no puede aceptarse cuando precisamente la Ley que lo regula es la que permitió que esa “dignidad” no estuviera nunca más condicionada a ciertas circunstancias tan crematísticas como hipócritas.
Por otra parte, el sector de población que se sumó o simpatizó con la concentración del fin de semana decía proteger “la vida”. Es sumamente curioso, por no llamarlo de otra forma, que esos mismos no suelen ser vistos censurando otros actos que violentan sistemáticamente ese valor supremo, como pueden ser el hambre, la guerra o, centrándonos en el reino animal, las corridas de toros o la vivisección. Si con tanto ahínco defienden la vida del no nacido, más lo debieran hacer con la del nacido y no sólo la del ser humano, sino la de todo ser vivo. Hoy mismo el Presidente de la Conferencia Episcopal española ha equiparado el holocausto nazi con el aborto: habría que recordar a D. Antonio María Rouco Varela que lo que no es equiparable en absoluto es la radical posición contraria al aborto de la Iglesia Católica y su taimada postura frente a los genocidas alemanes o frente a dictaduras como las de Augusto Pinochet o Francisco Franco, donde el derecho a la vida no era más que una suerte que dependía del dedo cesáreo de los sátrapas de turno.
Y es que la hipocresía en concreto de la Iglesia Católica en este asunto llega a niveles insospechados. Precisamente hoy ha recordado Rouco Varela que “la vida sólo es de Dios” lo cual no deja ser insólito cuando los números 2.266 y 2.267 del Catecismo afirman que “la legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito” y reconocen que la Iglesia no excluye la pena de muerte si ésta fuera “el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto, las vidas humanas”. Es decir, la doctrina católica admite desde un punto de vista teórico la posibilidad de que el Estado prive del derecho a la vida a un ser humano. ¿No resulta contradictorio conceder esa facultad excepcional al Estado para privar de la vida a un ser humano y no dispensársela, siquiera también de forma excepcional, no ya al Estado sino a una mujer que se ve avocada a tomar una decisión tan dura como interrumpir su embarazo?
Y es que son tan notables las incoherencias…
Dicen que se manifiestan no ya contra la reforma del actual marco jurídico, sino “contra el aborto”. Si ello es así, ¿por qué no lo hicieron cuando el partido que mayoritariamente parece representarles tuvo mayoría parlamentaria, periodo durante el cual se produjeron más de 500.000 abortos? No ha de hacerse un análisis muy profundo para llegar a la conclusión que este tipo de manifestaciones tiene motivaciones más políticas que morales.
Me llama también poderosamente la atención que muchos de los que dicen mostrarse contrarios al aborto se nieguen a reconocer, o lo hacen con la boca pequeña, que penarían a las mujeres que lo practicasen con la cárcel. Una hipocresía más, porque es evidente que si no se permite la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto habría de ser necesariamente considerado un delito y si ello es así, la pena que correspondería sería inevitablemente la cárcel.
Habrán observado que no me he pronunciado sobre el aborto desde un punto de vista moral. Entiendo que éste es un asunto sobre el que cada cual puede tener una opinión igual de válida y respetable. Lo que no es válido ni respetable es la utilización política de un tema como éste y lo que no es válido ni respetable son las incoherencias y la hipocresía con la que se manipula algo tan delicado como esto.
Confieso no tener claro donde empieza la vida humana ni cuando la embrionaria ha de ser objeto de una protección similar a la del nacido. Reconozco que es un campo en el no puedo ofrecer opiniones solventes ni valoraciones indubitadas. Tengo dudas, para que negarlo. En todo caso, entiendo que tan importante es dotar de ayuda social y económica a aquellas mujeres que desean seguir con su embarazo como garantizar la salud y la libertad de aquellas que se ven avocadas a interrumpirlo. Porque de algo estoy seguro: sea cual sea la decisión que adopte la mujer que se encuentra ante tal dilema, no lo hará con frivolidad. Esa se la regala a los que precisamente no tienen ninguna humanidad en juzgarla.
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